“Inconstitucional, ilegal, discriminatorio y discrecional…”, así catalogaron asociaciones y organismos privados la creación del nuevo impuesto que pretende aplicar el Gobierno de la Ciudad de México a partir del próximo año a todas y cada una de las entregas de paquetería, alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía generadas a través plataformas o aplicaciones digitales.
El pasado 29 de noviembre, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó ante el Congreso de la Ciudad de México el Paquete Económico para 2022, el cual contempla la adición del artículo 307 TER al Código Fiscal de la Ciudad de México que dice:
“Las personas físicas o morales que operen, utilicen y/o administren aplicaciones y/o plataformas informáticas para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de las cuales los usuarios puedan contratar la entrega de paquetería, alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía con entrega en el territorio de la Ciudad de México, siempre que actúen con carácter de intermediarias, promotoras o facilitadoras, deberán pagar mensualmente por concepto de aprovechamiento por el uso y explotación de la infraestructura de la Ciudad de México el 2% del cobro total antes de impuestos por cada entrega realizada”.
Uno de los principales argumentos de la iniciativa que presentó el gobierno capitalino en su exposición de motivos es que los nuevos modelos de negocio digital que actualmente han tenido un incremento en la Ciudad de México derivado de la pandemia, “deben contribuir a esta Entidad, misma que proporciona la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus actividades, estableciéndose que con la captación de ingresos por concepto de este nuevo aprovechamiento, se refuerza una política impositiva tendiente a satisfacer las necesidades colectivas de los habitantes de la Ciudad de México”.
Sin duda, la crisis sanitaria y las diversas restricciones sociales que se han aplicado a lo largo de ya casi dos años han impulsado la actividad de comercio electrónico en el mundo y México no ha sido la excepción; con ello las entregas en la llamada última milla han experimentado un crecimiento ininterrumpido, y donde claramente múltiples empresas han encontrado un amplio nicho de mercado que atender.
Ante esta propuesta del gobierno de la Ciudad de México, que deberá discutirse en el congreso local a más tardar el 15 de diciembre próximo, la iniciativa privada ha expresado su preocupación y rechazo ya que generará “un impacto negativo directo en la economía de los miles de negocios y repartidores que dependen de estas plataformas”, de acuerdo con un comunicado en conjunto firmado por diversas organizaciones.
“Adicionalmente, representa una barrera a la innovación para la Ciudad de México, pues atenta contra los esfuerzos de acompañar la reactivación económica en un período complejo como la pandemia. De igual forma, contraviene la política del Gobierno Federal de NO crear nuevos impuestos, así como los acuerdos adquiridos por México ante la OCDE de no establecer más impuestos a la economía digital”, de acuerdo con el documento.
Este mismo está firmado por la Asociación de Internet MX (AIMX), la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), la Asociación Fintech México (FTMX), la COPARMEX Ciudad de México, la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), la Asociación Mexicana de Mensajería y Paquetería (AMMPAC), la Asociación de Artículos Deportivos (AADAC), el Consejo Nacional de Ejecutivos en Logística y Cadena de Suministro (ConaLog) y la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI).
Estos organismos defendieron que este impuesto local daña a la economía digital, limitando la creación de valor económico y social, la cual, más allá de beneficiar a los usuarios y consumidores finales los afecta en gran medida.
Así mismo, prevén que el nuevo impuesto resultará en una modificación a la estructura de costos de las plataformas intermediarias y de miles de restaurantes, micro y pequeñas empresas, lo que tendrá inevitablemente un impacto en los precios que pagan los consumidores finales, incrementando la ya alta inflación y, con ello, afectando directamente el bolsillo de las familias mexicanas que demandan estos servicios y a miles de repartidores que han encontrado en las plataformas digitales un medio de generación ganancias en estos tiempos de pandemia.
“El nuevo impuesto aumentará los costos para los comercios, los restaurantes, las plataformas de pago, de logística, de última milla, de venta a domicilio y mercados en línea (marketplaces), entre otras plataformas intermediarias, promotoras y facilitadoras. De igual forma, aumentará los costos para el comercio minorista que complementa sus actividades u opera en su totalidad con apoyo de, o incluso utilizando sus propias plataformas, quienes son tratados de manera injusta por dicha propuesta y en general podría desincentivar el crecimiento de este sector que está generando un beneficio para la población por todos los incentivos que ofrece aunado a la creación de nuevas fuentes de ingreso”, aseguraron.
La propia Claudia Sheinbaum ha dicho en recientes declaraciones que los consumidores y repartidores no serán afectados, y que el impuesto está pensado para que las ganancias de las empresas se queden en el país y no vayan al extranjero; así mismo, la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas local, Luz Elena González Escobar, ha expresado que se establecieron términos que impiden que las compañías trasladen el cobro del nuevo gravamen.
“En Basham, Ringe y Correa, S.C., advertimos que el cobro del aprovechamiento por el uso de la “infraestructura” de la Ciudad de México a plataformas digitales, propuesto en la Iniciativa, pudiera ser violatorio de derechos fundamentales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos Tratados Internacionales de los que México es parte, incluyendo posibles violaciones al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal”, de acuerdo con esta firma de abogados.
Así mismo, la consultora Statista calcula que el sector de logística y envíos de última milla alcanzará en México una facturación de 2,100 millones de dólares para fines de 2021, esto como una consecuencia del crecimiento del comercio electrónico, que en 2020 tuvo una entrada de 316,000 millones de pesos u 81% más que un año antes, de acuerdo con la AMVO.
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