La reforma constitucional al Poder Judicial publicada en septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) genera preocupación por su impacto en la independencia judicial y posibles conflictos con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), de acuerdo con un comunicado del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), medidas que podrían comprometer la imparcialidad que exige el T-MEC.
En ese sentido la reforma que establece, entre otros aspectos, la elección popular de jueces y magistrados plantea riesgos de partidización, según el IMCO, y se teme que los procesos judiciales se vuelvan más susceptibles a influencias políticas.
Además, la intervención de partidos y grupos de interés podría aumentar la “impunidad y reducir la profesionalización del sistema judicial”, lo cual afecta directamente la capacidad del país para garantizar un Estado de derecho sólido, tal como lo establece el análisis del IMCO.
En el contexto del T-MEC, este cambio despierta alertas en Estados Unidos y Canadá, que ven comprometida la imparcialidad que exige el tratado para garantizar un trato justo y equitativo a los inversionistas extranjeros.
Según explica el IMCO, 83% de las exportaciones de México van a Estados Unidos, y el 44% de la inversión extranjera directa proviene de allí. Las reformas que afecten la competitividad o transparencia podrían poner en riesgo esta relación clave y generar incertidumbre para la economía mexicana y sus lazos comerciales con América del Norte.
Para el IMCO, una de las propuestas más polémicas dentro de las reformas es la extinción de siete organismos autónomos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Estos organismos serían absorbidos por dependencias del Ejecutivo, lo que concentraría aún más el poder en la administración pública.
Asimismo, la eliminación de estos organismos tiene implicaciones internas, como la reducción de la rendición de cuentas y la transparencia y también genera potenciales conflictos con el T-MEC. Este acuerdo exige la existencia de organismos reguladores independientes en sectores clave como telecomunicaciones, competencia y energía, lo que pone a México en riesgo de no cumplir con las disposiciones pactadas con sus principales socios comerciales.
Adicionalmente, en su análisis el IMCO detalla que las reformas propuestas en el ámbito de la energía y el agua también generan tensiones. La reforma energética, que propone limitar la participación privada en sectores clave como la transmisión y distribución eléctrica, viola principios del T-MEC que prohíben el retroceso en la apertura comercial y la inversión extranjera.
Así, las reformas en materia de concesiones de agua y minería intensifican la incertidumbre al restringir la inversión en sectores estratégicos.
Por otra parte, el IMCO también destaca la prohibición del uso de maíz genéticamente modificado, que afecta tanto a la siembra como al consumo humano, provoca un conflicto comercial con Estados Unidos, al no basarse en evidencias científicas. Este desacuerdo se encuentra actualmente en un proceso de solución de controversias bajo las reglas del T-MEC.
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