La pregunta en el aire tras el anuncio de compra de CK Hutchison por parte del consorcio Blackrock–TiL es cómo reaccionarán las autoridades de competencia económica en los distintos países en donde esta adquisición impactará al mercado marítimo-portuario, considerando que la naviera ítalo-suiza, MSC, es la controladora del 60% de las acciones de TiL y Blackrock ostenta el 40% restante que adquirió en 2021, amén de que es el jugador más grande del mundo en el movimiento de contenedores.
CK Hutchison es el tercer consorcio portuario más grande del mundo. De hecho, la operación de compra-venta anunciada la semana pasada incluye 43 de sus puertos en 23 países. Con su adquisición, la naviera ítalo-suiza, MSC, puede adquirir un papel dominante en múltiples mercados al permitir una integración vertical de sus servicios, si las autoridades de competencia no lo objetan. Sin embargo, la operación está sujeta a la aprobación de las autoridades competentes en los distintos mercados en que podría presentarse esta condición.
En México la adquisición puede contar con un mar a favor, al coincidir la operación en un momento en que la Comisión Federal de Competencia Económica se encuentra en proceso de extinción. Lo que sí podría resultar afectada es la operación previa (noviembre 2024) que TiL había anunciado de comprar la terminal portuaria Infraestructura Portuaria Mexicana (IPM), en el puerto de Altamira.
Lo que queda claro es que la época de jauja en las navieras, que vino tras la pandemia del COVID-19, cuando se llenaron de cash flow por sus tarifas, las más altas en la historia, ahora les está permitiendo comprar infraestructura asociada para integrarse verticalmente en el negocio.
Navieros en México a punto de zozobrar
Mientras tanto en México, las navieras nacionales que en un 80% se dedican a la prestación de servicios off shore a la empresa del bienestar, Pemex, siguen sin bienestar al seguir como los chinitos, nomás milando sin que les lleguen los pagos atrasados que les debe la paraestatal.
Los navieros mexicanos se especializaron en los servicios de apoyo a las plataformas petroleras de la Sonda de Campeche, dada la “seguridad” que antaño se tenía. Se participaba en procesos de licitación y se ganaban contratos de servicio de dos o tres años sobre una tarifa establecida y los pagos eran muy puntuales por parte de la petrolera. Con menos competencia y más certezas, para qué competir en el tráfico de altura decían, y se quedaban solo en el cabotaje.
Ahora, desde la administración federal pasada han vivido las de Job con el retraso de pagos que padece un día sí y el otro también la orgullosa empresa que tiene por misión el rescate de la soberanía nacional. Al momento le rezan a la virgencita para que sus empresas no hagan agua esperando un pago que les permita mantenerse a flote.
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