Las recién nombradas Administraciones del Sistema Portuario Nacional (Asipona), antes llamadas Administraciones Portuarias Integrales (API), estarían en riesgo de desaparecer si prospera una iniciativa que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Puertos, propuesta por el diputado Bruno Blancas Mercado, consideraron fuentes del sector marítimo-portuario.
El legislador de Morena estipula que es necesario que el Estado administre los puertos a través de la Secretaria de Marina (Semar), de manera que no exista conflicto de intereses de ningún orden y a ninguna escala, pues al ser un ente objetivo, su participación en el manejo de los puertos y terminales no crearía las posibilidades de privatización que sí generan los agentes económicos que hoy explotan el recurso estatal mexicano.
Al argumentar que los puertos se encuentran en abandono, abundó que este cambio está enfocado solamente en redirigir los derechos y el capital que circula en las regiones portuarias del país a sus estados y municipios, para que en realidad exista el aprovechamiento económico que tales localidades no han visto, pues es a ellos a quienes pertenece.
El documento del legislador agrega que las API gozan de los beneficios monetarios resultantes pagando una mínima contraprestación, explícita también en la Ley de Puertos, que cabe señalar, otorga completa autonomía administrativa y estructural a los concesionados, permitiendo que se ejerza un dominio total del puerto en cuestión, como a los particulares involucrados mejor les parezca. Estas contraprestaciones, además, varían en función del puerto y pueden incluso ser menores en relación al tamaño y actividad de las instalaciones.
“La eliminación de las concesiones portuarias es un paso más hacia una administración nacional soberana, transparente y digna, en beneficio de todas y todos los integrantes de la Nación. El devolver la administración de nuestro territorio al pueblo debe efectuarse, siguiendo la ley en aras de la justicia, sin arbitrariedades ni conflictos, en pos del bienestar y de un mejor país”, indica Bruno Blancas en su iniciativa, donde asegura que las Asipona simulan la cooperación con los privados que perpetua sus intereses.
Sin embargo, las fuentes consultadas por T21, que prefirieron reservar su identidad, observan un desaseo en la elaboración de la iniciativa que, desde su perspectiva, busca que todos los recursos económicos captados por las ahora Asipona ingresen directamente a la Semar, que no necesariamente transparentaría su uso, y lo cual iría en detrimento del mantenimiento de la infraestructura portuaria, al no ser canalizados para dicho fin como hasta ahora.
De acuerdo con los últimos reportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), cuando tenía bajo su rectoría a los puertos, solo por concepto de contraprestaciones por uso de infraestructura y otros servicios, se alcanzaban alrededor de 10,000 millones de pesos anuales; aunque con pagos por otros conceptos e impuestos, los ingresos son mayores.
Al ser cuestionados sobre el contenido de la iniciativa del diputado Blancas, los especialistas indicaron que justo la creación de las entonces API fue el detonante del crecimiento y desarrollo de la infraestructura y el equipamiento portuario, con lo que México ha obtenido la eficiencia en el movimiento de mercancías con productividades al ritmo de puertos de los países más avanzados del mundo.
Asimismo, enfatizaron que el modelo de operación privada en los puertos ha permitido no solo que el Estado se haga de recursos por diversos conceptos e impuestos, sino que los ingresos y egresos económicos sean transparentes al tener diferentes candados que se contemplan en distintas leyes, no únicamente en la de puertos.
Lamentaron a su vez que la iniciativa privada sea mal vista, toda vez que se mantiene al corriente con el pago de sus contribuciones e impuestos con base en sus contratos de cesión parcial de derechos, lo que deriva en ingresos para el Estado y, aunque prevén que la iniciativa del legislador no sea retroactiva para sus contratos (o recurrirán a tribunales), sí pone en peligro las inversiones y el desarrollo de los puertos nacionales.
En tanto, T21 mantiene la solicitud de entrevista con el diputado Bruno Blancas Mercado para conocer, desde su óptica, los alcances de su iniciativa.
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