Una vez más, se bloquean los caminos nacionales para manifestarse por conflictos sociales, afectando la operación del autotransporte nacional. Ante esta situación, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) a través de su presidente, Miguel Ángel Martínez Millán, envió una carta dirigida a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, solicitando su intervención para que se atienda a la brevedad posible el bloqueo que ejidatarios han mantenido activo desde hace más de 48 horas en el km 146 del libramiento norte de la Ciudad de México, tramo Pachuca-Tulancingo,mejor conocido como Arco Norte.
“Resulta insostenible para la ciudadanía y para el autotransporte de carga mantenerse en vilo y en constante incertidumbre por las acciones recurrentes de cierre que realizan estos grupos locales. Hacemos un llamado desde la Canacar para encontrar de forma definitiva y en los mejores términos una solución al problema y se cumpla con el Estado de derecho para todas y todos los mexicanos en el estricto apego a la ley y los derechos humanos de todas las personas involucradas, así como las que se ven afectadas por acciones unilaterales que no abonan al crecimiento y desarrollo de México”, expresó Martínez Millán.
AUTOPISTA BLOQUEADA
Por presencia de manifestantes en el km 146, en ambos sentidos, tramo Pachuca – Tulancingo.
Última salida dir. a Texmelucan es caseta Pachuca.
— Arco Norte (@arconorte) September 2, 2024
En el documento que fue recibido por la dirección de Gestión de control de la Secretaría de Gobernación (Segob) y por la Oficialía de Partes, el representante de los transportistas afirmó que la pronta liberación de las vías de comunicación es trascendental para no repetir lo vivido hace unas semanas.
“Ya que las y los operadores se encuentran en condiciones inapropiadas, al estar varados en medio de la carretera y no tener acceso a alimentos, espacios para realizar sus necesidades básicas y de descanso, además de abrirse la posibilidad de ser víctimas de delitos”, se lee en el mensaje.
Cabe destacar que esta situación fue expuesta en el reportaje de Grupo T21 del mes de agosto 2024 en donde se refirió que a pesar de que la obstaculización de las vías de comunicación se considera un delito federal en México, que se castiga con penas que van desde uno a cinco años de prisión y de 100 a 10 mil días de multa, según el Artículo 167 del Código Penal Federal, cada vez es más frecuente la toma de carreteras y casetas a modo de presión contra las autoridades, afectando no sólo a los involucrados, sino a los miles de usuarios de las carreteras que quedan varados a su suerte por horas, incluso días.
En su momento Ángel Hernández Gaytán, director general de STI, detalló que estas acciones provocan afectaciones y caos en materia de movilidad. “Puntualmente para las compañías de autotransporte las repercusiones van desde las demoras en los tiempos de entrega, desvíos de rutas o reconfiguración en la planeación operativa de una ruta, lo que provoca incremento en los costos operativos, mayor kilometraje en las unidades y, por ende, pérdida de productividad. Así como afectaciones a la cadena de suministro por los movimientos just in time (justo a tiempo), pero sobre todo provoca desgaste y estrés en los operadores”.
En la carta dirigida a Alcalde Luján el presidente de la Canacar instó a poner fin al conflicto que menoscaba a las empresas, “atenta contra el derecho al libre tránsito de las personas y daña a nuestro país”.
Si bien los bloqueos desafortunadamente ya son el pan de cada día de las carreteras nacionales, Carlos Salas Buz, quien forma parte del Comité de la Asociación de Grúas, Equipos y Dispositivos Industriales (AGEDI), detalló en el reportaje antes referido, que ante la seriedad de las afectaciones es necesario que se tome en cuenta que existen otros mecanismos para lograr cambios, mediante el diálogo con las autoridades y el acercamiento de las partes involucradas.
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