Me entero por fuentes confiables que a estas alturas del año 2024 y contrario a los que se esperaba a comienzos del mismo, que los encargados castrenses designados para ello y sus equipos de trabajo, por cierto integrados en buena medida por gente de uniforme en situación de retiro, de por sí cobrando además sus pensiones provenientes, ya sea de la Secretaría de Marina (Semar) o de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para hacerse cargo formalmente de la administración de una cantidad importante de los aeropuertos mexicanos que todavía forman parte de los grupos aeroportuarios y digo que “todavía”, toda vez que me queda perfectamente claro que en la mente de muchos altos mandos militares y en la de algunos funcionarios civiles del morenismo, no se descarta la idea de hacerse del control de todos los aeropuertos mexicanos, no han podido hacerse formalmente de sus aeropuertos en los que además de complicarse cada día más los procesos que impactan en el libre tránsito de pasajeros, carga, aeronaves y tripulaciones, debemos sumar costos laborales correspondientes de los elementos adicionales de seguridad provenientes especialmente de la Guardia Nacional (GN), pero también los de las fuerzas armadas, para los cuales se han estado construyendo nuevos cuarteles y alojamientos dentro de los perímetros aeroportuarios, además hay que agregar la nómina que Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) ha venido cubriendo desde antes de la irrupción de los militares en los aeropuertos que administraba, empleados públicos a los que no ha querido, o más bien no ha podido liquidar conforme el contexto de la ocurrencia presidencial de reemplazar a los administradores aeroportuarios civiles de ASA por militares se ha complicado por razones legales, presupuestales, laborales y por ahí hasta políticas.
Dicho en otras palabras, por lo menos al momento de enviar a publicación esta nota, a la nómina ASA de esas terminales aéreas se le han sumado la de la Sedena o Semar, además de la GN, impactando en su rentabilidad, condición que comenzará a subsanarse una vez que se haya resuelto, si es que eso sucede, el tema de la controversia constitucional en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la validez de las modificaciones al marco legal aeroportuario publicadas el 3 de mayo de 2023, en las que entre otras disposiciones se incorporó la figura de asignación para “concesionarles” a los militares vías o servicios generales de comunicación y transporte, caso de los aeródromos, articulado en el que este analista ha documentado y expuesto un serio error que en el sentido estricto impediría por ejemplo a una chartera o a una operadora de aviación general volar desde y hacia un aeropuerto, pifia legislativa que sigue sin corregirse.
Para colmo, me entero, más bien confirmo, toda vez que tal y como he dejado claro en mis columnas de opinión en el sentido de que en el pasado reciente participé en entidades paraestatales de la Sedena relacionadas, entre otras cosas con su proyecto de aerotransporte, aeroportuario, cultural, ferrocarrilero y turístico, que buena parte de las complicaciones en materia de gestión de recursos humanos en ellas tienen que ver con el hecho de que, por lo menos en los aeropuertos ASA hay una significativa proporción de personal sindicalizado, modelo de contratación que genera tirria a los militares, tanto que el factor “ASPA”, es decir el colectivo contractual de los pilotos, fue una de las razones para que no se adquiriese Aeromar y la nueva aerolínea orientase sus servicios, tal y como soy de la opinión debió haberlo hecho, hacia la atención de la demanda de transporte aéreo regional nacional e internacional del país empleando los ATR de la hoy virtualmente desaparecida operadora propiedad de la familia Katz.
Lo cierto estimado lector es que la ocurrencia de militarizar aeropuertos, como casi todo lo que ha hecho el lopezobradorismo, más allá de complicar los temas de facilitación, le está saliendo muy, pero muy cara a los mexicanos y a sus instituciones.
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