2024 será un año complejo y peculiar por los cambios de gobierno en diversas partes del mundo, incluidos México y Estados Unidos, las condiciones económicas, conflictos geopolíticos, alta inflación, entre otros factores, de acuerdo con Rolando Silva Briceño, vicepresidente Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).
El especialista compartió que en las últimas semanas se han estado reajustando las expectativas de crecimiento de México al alza, con una perspectiva de 3.0%, derivado en buena medida por la relocalización (nearshoring) de las cadenas productivas hacia el territorio nacional.
Sin embargo, admitió que se vislumbran algunos riesgos tales como la reacción tardía de los países orientales, “suelen no ser tan reactivos para implementar estos cambios. No podemos dar por hecho que el nearshoring se va a dar en la manera en la que se espera”.
También definió que se deben tomar en cuenta los conflictos bélicos en Medio Oriente y el este europeo, considerando que se podrían detonar algunos otros.
“En términos internos hay una necesidad de una reforma fiscal, hay que reorganizar muchos aspectos, existe para los patrones una carga laboral importante y un incremento al costo, sí o sí nos estamos encareciendo. En este sentido, una reforma fiscal podría solucionar el déficit fiscal y evitar el sobreendeudamiento”, dijo.
También llama la atención los riesgos relacionados con los efectos meteorológicos, las consecuencias del cambio climático, que tienen impactos en la economía y el encarecimiento de los productos alimenticios.
“Aun con todo lo anterior, podríamos tener un segundo semestre 2024 interesante que depende de cómo se vayan comportando variables como el tipo de cambio, tasas de interés e inflación, somos optimistas, mejor dicho, cuidadosamente optimistas”, comentó el vicepresidente Fiscal del IMCP.
En conclusión, el IMCP ve un futuro con enormes retos y oportunidades, sin embargo, pone especial énfasis en que el gobierno entrante debe implementar diversas acciones:
- Mejorar la calidad de la educación.
- Respetar el Estado de Derecho y las organizaciones autónomas.
- Aplicar una política de tolerancia cero al crimen organizado y a la inseguridad.
- Generar políticas públicas que promuevan el desarrollo industrial y la inversión productiva.
- Establecer una política de energías limpias y sustentables.
- Elevar la calidad y la cantidad de la educación.
- Desarrollar un sistema financiero más competitivo aprovechando más intensivamente los recursos de las pensiones y de las reservas de compañías de seguros, de la banca de desarrollo y de otros inversionistas institucionales.
- Modificar la legislación fiscal para hacerla más competitiva para atraer mayor inversión productiva.
- Inversión pública y privada en infraestructura.
- Diseñar un régimen fiscal competitivo y adecuado para la atracción de la inversión extranjera directa.
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