La suspensión de trámites por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) por el ciberataque a sus sistemas ocurrido el mes pasado, traerá impactos que pueden derivar en la distribución de los insumos y mercancías, y un “tsunami” de trámites y pendientes a partir del 1 de enero del 2023.
Felipe de Javier Peña, presidente de la Comisión de Transporte de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), comentó que en reuniones con la dependencia se han propuesto medidas de seguridad para las diferentes configuraciones del transporte para evitar abusos por parte de la autoridad.
“Estamos pidiendo la instalación de una mesa, de un grupo interdisciplinario en la que participemos todos los involucrados en la cadena de fabricación, distribución, consumo, cadena automotriz, etcétera, para buscar soluciones”, expuso en entrevista con T21.
Mientras que Caintra Nuevo León manifestó su preocupación ante los impactos de dicha medida en la distribución de los insumos y mercancías que diariamente requieren la industria, el comercio y consumen las familias de México, en retrasar el ingreso de nuevos vehículos al sector y, en consecuencia, presionar más la inflación hacia el cierre del año.
“La decisión de suspender temporalmente los términos y plazos en la SICT desconcierta al sector al poner en riesgo el abastecimiento a los centros productivos y de consumo. Igualmente preocupa que la falta de claridad normativa pudiera derivar en un incremento de la extorsión por parte de las autoridades en la operación diaria del sector; en el último sondeo de CAINTRA al transporte de carga, casi 3 de cada 10 empresas fueron víctimas de esta lamentable práctica”, dijo.
Expuso que detener el crecimiento del sector de transporte por dos meses ocasionaría un “tsunami” de trámites y pendientes a partir del 1 de enero del 2023, “sin capacidad para la autoridad y empresarios de contar con salida oportuna en el corto plazo; además de las complicaciones económicas y logísticas acumuladas”.
Cabe recordar que el pasado lunes, la SICT informó que por causas de fuerza mayor se amplían desde el 24 de octubre (fecha del hackeo) hasta el 31 de diciembre de 2022 los términos y plazos de esta Secretaría y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).
Al respecto, Jonathan López Torres, miembro del Comité Técnico del Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad (CONSEJOSI), dijo que no existen precedentes de dicha medida en alguna dependencia federal, más cuando esta entidad cuenta con una unidad de tecnologías de la información y comunicación encargada de la seguridad de la información.
Juan Díaz, especialista en ciberseguridad, dijo que este hackeo compromete servicios, “no es una Secretaría que no vea temas intranscendentes sino son relevantes y sobre todo que este ataque le pegue a la logística, autotransporte y aviación, por supuesto tendrá algunas consecuencias”.
“Es esencial mantener la comunicación con los usuarios para saber cómo solventar sus trámites y tener un buen diagnóstico de lo que sucedió. Además, tampoco sabemos si en realidad de aquí a enero todo esté solucionado y es altamente probable que no sea así”, consideró durante el webinar Hackean la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ¿Qué hacemos?
David Taboada, presidente de CONSEJOSI, reiteró la necesidad de crear una comisión de ciberseguridad en el Senado que se dedique a tener análisis, propuestas de política pública e iniciativas sobre el tema.
De acuerdo con Jorge Nuño, encargado de despacho de la SICT, de las 11 mil computadoras que cuenta la dependencia solo fueron atacadas 110 con un virus tipo ramsomware.
“No hay certeza de dónde vino el ataque, pero sí hay certeza de que está contenido y no crecerá. La dependencia se coordina con otras secretarías para que este virus no se extienda a otros equipos de la administración pública”, dijo.
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